No entiendo al Fiscal General del Estado

Nos quedamos sin saber que ha pasado. Al tiempo.  Esto fue lo que pensé cuando leí, en un periódico, que el Fiscal General del Estado había sacado pecho y prometido llegar hasta el final en el asunto de los papeles de Bárcenas. ¿Es que no lo hacen siempre? ¿Quiere decir que en esta ocasión se llegará hasta el final, pero en otras… bueno pues eso, que llegaremos hasta el final? La necesidad de afirmación ante la investigación de un delito da que pensar. Da la impresión que algunas cosas, salvo prensa mediante, se pueden quedar en un cajón, dormir el sueño de los justos o tardar veinte años en ser resueltas, a veces con pacto mediante que nos deja a todos sin ver a los culpables frente al juez, que es donde deben estar.

Pero lo que más me llamó la atención es una frase que dejó caer, o así lo recogieron algunos medios: <<decidiremos si abrimos pieza separada o iniciamos nueva causa>>. La cuestión no es baladí, porque si es pieza separada continuará siendo instruida por el mismo juez que ha destapado el asunto y descubierto los sospechosos 22 millones de Suiza. Si, por el contrario, se inicia una investigación nueva, esta podría acabar en manos de cualquier juzgado de Madrid, y en consecuencia, no sería el Juez Ruz quien investigaría la causa, sino otro, quien sabe quien ni por qué. Siento decir esto, pero es lo que siento, aplico aquello del refranero piensa mal y acertarás. No entiendo como nadie puede estar interesado en retirar – siquiera insinuar – la investigación de la trama Gürtel y todos sus flecos (lo que en argot se llama pieza separada) al juez Ruz, que está logrando el reconocimiento de toda la sociedad por sus avances.

La cuestión es de bulto, en su forma y en su fondo. Lo es porque la sociedad necesita creer en la justicia, y ya le va costando para que, encima, cuando un Juez parece que está haciendo bien su trabajo, lo alejen de la causa que investiga. O de una causa de la que se tiene constancia a partir de la investigación de la primera. Nadie lo entiende. Y a nadie con un mínimo de decencia y amor por la justicia le va oler bien el potaje. Lo cierto es que, la sociedad – y un servidor el primero –, desconfiaría mucho de la intención de llegar hasta el final, si la investigación acaba en otras manos. No sólo porque la patata quemará a quien le toque, que estará bajo sospecha de no ser todo lo duro y exigente que desearía el ciudadano de a píe. Además, resulta obvio que, tras más de tres años investigando esta trama, el Juez Ruz es quien está en mejores condiciones de continuar con los tiempos procesales. De ser la causa de Bárcenas instruida por otro Juez, como mínimo, habría una pérdida de tiempo en lo que a la puesta al día de una causa tan compleja y monumental se refiere. Y la justicia, además de ciega, es conveniente que sea rápida.

Porque, lo más importante, no es si existieron o no los supuestos sobres, lo más grave – pues afecta a la calificación del delito, en su caso – es de donde vienen los dineros. Si se trata de donaciones no registradas y de cobros de cantidades sin fiscalizar, nos encontramos ante un fraude fiscal, una infracción administrativa que se resuelve con una sanción, y que en su caso, además, estaría prescrita en la mayoría de los casos. Pero si el dinero – al menos un una parte – tuviese su origen en la subvención pública que reciben los partidos, o supusiese la compra de concesiones y contratas con la administración, estamos ante un delito de malversación de fondos públicos en un caso y de cohecho en el segundo. Esto afectaría, además, a los plazos de prescripción, pues aunque la prescripción del cohecho es de cinco años con carácter general, en los casos de un cohecho propio continuado esta se elevaría hasta diez. 

Hay que dejarse matar

Si, ha leído bien: hay que dejarse matar, violar o mutilar. Si a un español se le ocurre ejercer el derecho natural que nos asiste de defender nuestra vida, nuestra familia y nuestro patrimonio, es muy posible que vaya a la cárcel y encima tenga que hacer rico a los bandidos que intentaron asesinarle, violarle o mutilarle. ¿No me cree? A las pruebas me remito.

Un delincuente asalta la casa de los Tous y Lluís Corominas se defiende y dispara contra uno de los ladrones. Lo hace temiendo por su vida y la de su familia, en especial porque en la misma zona ya se habían producido varios asaltos a casas en los que se había violado y torturado con una brutalidad extrema a sus moradores.

Un Jurado Popular juzga a Corominas, algo ya de por sí absurdo, pues nunca debió encontrarse frente a una acusación de homicidio, pero afortunadamente, los ciudadanos deciden absolverlo. Sin embargo, como en España parece que lo de la  justicia emana del pueblo es puta retórica, el Tribunal Supremo, en el ejercicio de sus competencias, y quizás forzado por un ordenamiento jurídico injusto, obligará a repetir el juicio.

Corominas ha hecho aquello que cualquiera de nosotros haría en idénticas circunstancias. Ha defendido su vida y su familia, un derecho legítimo, natural, vigente en todos los ordenamientos jurídicos occidentales, pero que parece que en España se niega. El mundo al revés: a los ciudadanos honrados no se les permite defenderse, tienen que dejarse intimidar y recibir palizas hasta la muerte, mientras que a los que a los que atentan, asaltan, ya sea en nuestros hogares, en nuestro trabajo o en plena calle, estos ladrones,violadores,asesinos… se les consiente todo. Justicia injusta,si. Injusto y vergonzoso. 

La triste historia de Antonio Meño

Fue víctima de una negligencia médica y quedó en estado vegetativo en 1989. Los médicos de la clínica Nuestra Señora de América de Madrid negaron ninguna responsabilidad, y la justicia dio la razón al hospital. Un proceso de casi veinte años, y un sin fin de apelaciones  y sin sabores, desembocaron en una sentencia que obliga al pago de 400.000 euros en costas a los padres. A punto estuvieron de perder su casa. Sólo pudieron conservar su techo gracias al ardid de su abogado que logró, amparándose en un tecnicismo, paralizar la ejecución del desahucio.

Fue la gota que colmó el vaso. Los padres del joven se trasladaron a la puerta de los juzgados y acamparon en señal de protesta durante 522. Su heroica acción llamó la atención de los medios de comunicación, que se hicieron eco de la noticia. Pero lejos de suponer una ayuda para ellos, los abogados que hasta ese momento representaban los intereses de la familia se negaron a seguir representándolos, aduciendo que eran demasiado <<mediáticos>>.

Desesperados, estuvieron a punto de arrojar la toalla. Sólo la casualidad hizo que un cirujano, que había estado presente en la operación y era completamente ajeno a la situación y la lucha de la familia, se topase con ellos al pasar junto al improvisado campamento donde vivían.

De inmediato el hombre se ofreció a declarar y el caso fue reabierto. Finalmente, se llegó a un acuerdo por importe de 1.075.000€. Un acuerdo <<miserable>>, en palabras de la propia familia, pero al que no les quedó más remedio que doblegarse por no poder costear un nuevo juicio.

La indemnización siquiera cubría los gastos en los que la familia incurrió durante todo el proceso.

El joven Antonio Meño murió hace unos días. Apenas pudo disfrutar junto con su familia de la tan ansiada justicia que demandó durante 23 años en estado vegetativo. Él y su familia son ejemplo de dignidad y coraje. También son la prueba de un sistema judicial que precisa reformas en profundidad y con urgencia.

Ahora que el gobierno de Rajoy pretende endurecer el acceso a la justicia gratuita y que ha subido las tasas judiciales, la muerte de Antonio Meño nos recuerda lo mal que se están haciendo las cosas.

La razón de ser de un Estado es – por encima de cualquier otra – garantizar la seguridad física y moral de sus ciudadanos y sus bienes. Para cumplir con este objetivo esencial y básico es preciso un sistema judicial capaz, ágil y eficiente. Una justicia que comprenda los sentimientos de la sociedad y no le dé la espalda a la verdad. Me pregunto cuánto dolor no se habría ahorrado a la familia si un juez, el primer juez que atendió la causa, hubiese llamado a declarar uno a uno a todos aquellos que estuvieron en el quirófano. No se hizo, y una familia sufrió durante veinte años. Vergüenza debería darles a todos.

 

La inaceptable actitud del gobierno

El déficit público no es cosa de risa. Tenemos que afrontar una profunda restructuración de los gastos para lograr la máxima eficiencia, garantizar los servicios públicos, las ayudas sociales y reducir nuestra dependencia de la financiación exterior lo antes posible. De esto no hay duda. La cuestión – y esta es la madre del cordero – es cómo debemos hacerlo. Las políticas de Rajoy, cuestionadas desde todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales (hay están las declaraciones del FMI y la ONU, para cuando la derecha tenga a bien leer), no están dando ningún resultado.

Ahora toca apretarles el cinturón a las Comunidades Autónomas, en especial a las que no son gobernadas por el PP. La propuesta que hace el Montoro en el Consejo de Política Fiscal es inaceptable de todas, todas. A nadie se le escapa la necesidad acuciante de controlar las cuentas públicas y evitar déficit insostenibles que pueden comprometer al conjunto del Estado. Un mínimo sentido de la justicia invita a pensar que, quienes primero deben apretarse el cinto, son aquellas administraciones en las que se derrochó a mansalva. Dicho de otra forma, que empiecen quienes gastaron el presupuesto público en aeropuertos sin aviones y otros despropósitos.

Eso no quita que, todas las comunidades deban aportar lo suyo. Por solidaridad o responsabilidad de Estado, como cada uno prefiera. Pero deben hacerlo. Siempre y cuando, claro está, que las comunidades que han malgastado sus recursos demuestren haber aprendido las lecciones y el reparto del esfuerzo sea equitativo.

Sin garantías de no volver a caer en despropósitos ruinosos de nada sirve el esfuerzo. ¿Para qué ajustarse en una cosa si luego vamos a derrochar en otra? Tampoco parece aconsejable que los ajustes favorezcan a aquellos que más responsabilidad tienen en la gestión del derroche.

Andalucía es castigada – teniendo un endeudamiento menor que la media –, mientras que se favorece a Valencia, Castilla la Mancha y Madrid. Es decir, el gobierno de Rajoy distribuye los objetivos de déficit según sus intereses electorales. Premia a los suyos y castiga a las comunidades en las que no gobierna.

Esta actitud cobarde, indigna y desleal puede provocar un conflicto institucional gravísimo. Conflicto que puede llevar a una revisión profunda de nuestro modelo de Estado e incluso de la democracia.

El PP de sobra sabe que los ajustes que pretenden que lleven a cabo algunas comunidades autónomas son injustos y vaciaría de contenido el Estado Autonómico. Sabe que esto solo servirá para agitar aún más la confrontación y el malestar social. Pero se encuentran en un momento de huida hacia delante. No les importa ya lo que pase ni a costa de quienes pase. Solo quieren que el tiempo corra, y que corra lo más rápido posible.

Absurda y peligrosa situación que debería levantar en pié de guerra a los cuadros medios del PP. Sin embargo, el clientelismo es tal, que todos se han plegado, sumisos, a las decisiones de Rajoy, aun cuando las cuestionan entre bambalinas.

Lo más decente sería dimitir y convocar elecciones. Pero Rajoy no es decente. Aguantará todo el tiempo que pueda. Y si no puede llegar a los turrones sólo, intentará un gobierno de concentración, al cual se ha resistido hasta el momento, aunque muchas voces de su partido le insisten en ello. 

Justicia a la memoria de los de Alcántara

Noventa y un años ha tardado España en reconocer el valor de los héroes de la batalla de Annual. Ni Franco ni Chacón quisieron conceder la Laureada de San Fernando a quienes lucharon en la locura de un rey inepto y unos políticos corruptos. Como si los soldados y oficiales que desparramaron sus tripas en África fueran culpables del único mal constante en la historia de España: sus gobernantes lelos y corruptos, especie autóctona de la que tenemos de sobra en nuestro país.

Una parte de la izquierda masculla con rabia, como si premiar el valor fuese de derechas o de izquierdas. ¡Cuánto tenemos aún que aprender! Y la derecha se engalana con banderitas, luciendo el patriotismo hortera de siempre, coartada de zoquetes y escondite para caraduras. Vergüenza los del PSOE, Vergüenza los del PP; los dos han gobernado y ninguno quiso encontrar tiempo para premiar a los paisanos que lucharon en una guerra que ni les iba ni les venía. Ya tienen todos algo en común con Franco.

Y lucharon. Joder si lucharon. Cagaron guerra aquel día. No lo hicieron por el rey, ni por España, lo hicieron por sus compañeros. Por aquel que sufría la lluvia de plomo a su lado y no te dejaba solo, sino que hombro con hombro embestía al enemigo.

Para quien no lo sepa, todo ocurrió en el verano de 1921. Andaban los moros sublevados y dirigidos por el sanguinario Abd El-Krim. Los españoles avanzaron hacia el enemigo, llevando a su lado a unos aliados marroquíes, pero cuando la cosa se puso dura, los moros cambiaron de bando y comenzaron a masacrar a las tropas españolas.

Muchas posiciones quedaron aisladas, sin posibilidad de obtener ayuda, con los cadáveres de sus compañeros sirviéndoles de parapeto. Así ocurrió en Igueriben. Todos muertos.

Salen las tropas que estaban en Melilla para auxiliar a los suyos. Salen con todo. Es decir, con unos huevos de acero, porque otra cosa no había. Ni botas los soldados. Malos fusiles y pocas balas. Los refuerzos y suministros tantas veces pedidos a la península siempre habían sido negados. Iban a morir. Pero salieron con todo. O sea, con su coraje y una plegaria.

Los soldados españoles se tienen que retirar, pero faltan vehículos y oficiales que organicen el repliegue. Aquello se vuelve un infierno. Incluso estallan rifirrafes entre los propios soldados por lograr espacio en un vehículo y poder salvar el pellejo.

La retirada se vuelve estampida. Miles de hombres van quedando atrás, abandonados a su suerte. Los moros del Rif avanzan. Tras ellos, sus mujeres, torturando y rematando a los heridos españoles. Les arrancaban las muelas para hacerse con el oro de las fundas cuando aún estaban vivos. Les sacaban los ojos, mutilaban y abrían el vientre con las curvas gumías. Una vez se divertían con los cautivos heridos, los desmembraban y arrastraban los trozos de sus cuerpos.

Es entonces cuando entran en juego nuestros héroes, los del 14 de caballería de Alcántara. Les toca defender la retirada de sus compañeros. Van a morir, todos lo saben. Pero no se arrugan. En el cruce seco del río Igán deciden frenar a los sanguinarios moros. Ya los conocen, llevan todo el día cargando contra ellos y enredándose en cruentas escaramuzas.

Siete veces cargan los de Alcántara. Colina arriba. Sable en mano. Tras cada ataque vuelven a reagruparse. No hay descanso. Los caballos están exhaustos y las últimas cargas se hacen al paso, pues no quedan fuerzas para el trote.

Las balas se acaban. La última carga se hace a pié y con sólo sables contra los fusiles y cañones moros. No quedan oficiales; son los veterinarios, el capellán y  un teniente médico que no tenía obligación de subir la colina quienes encabezan a los guerreros. Por sus suyos,  por los compañeros que necesitan tiempo para lograr refugio seguro de las hordas rifeñas.

De los 691 valientes que componían el regimiento sólo sobreviven 67. Nadie los podrá llamar jamás cobardes. Heridos y maltrechos se repliegan ante el acoso de los moros. Han cumplido su misión. Nadie les cubre a ellos.

8.000 soldados españoles murieron aquel día. Todo Monte Arruit repleto de cadáveres sin nadie que les dé sepultura. Los muertos son saqueados y profanados. Allí quedarán como pasto de las alimañas. Allí durante días y días.

El rey suspendió sus vacaciones y accedió a enviar tropas de refuerzo a las plazas de Ceuta y Melilla. Algunos historiados dicen que esta batalla marcó el fin de la restauración. No lo sé, pero merecido lo tenía.

Noventa y años han transcurrido para que un gobierno se acuerde aquellos hombres de Alcántara, y ha sido con una medalla colectiva y no con el reconocimiento del valor de cada uno. Aún hay quien considera que esta condecoración sobra, o que obedece a segundas intenciones.

Dicen que con la medalla, el gobierno quiere alentar el patriotismo para tapar sus propias vergüenzas. Quizás sea cierto. Pero no escribo estas palabras por culpa del gobierno; escribo contra quienes no reconocieron el valor y el mérito cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo; escribo indignado con quienes usan, a favor o en contra del gobierno, la memoria de aquellos valientes; escribo, en fin, contra los cobardes, porque sólo los cobardes, los necios y los hipócritas son incapaces de reconocer la valentía. 

La Democracia ha Muerto

España vive una situación de quiebra absoluta. Sufrimos una depresión económica sin precedentes; la indignación de los españoles hacia clase política es total; los escándalos merman la autoridad moral de la corona; la justicia, con sentencias como las conocidas contra el juez Garzón y personajes de telenovela barata como Dívar, es la institución peor valorada de todas; los dos grandes partidos se han confabulado para evitar que se investigue lo sucedido en Bankia; los medios de comunicación públicos omitiendo informaciones relevantes y convertidos en una filial del PP; lo último que nos quedaba por ver era que a un senador fuese tratado como un delincuente por los escoltas del presidente del gobierno.

La idea de un policía sujetando por el brazo a un parlamentario es una puñalada en el corazón de la democracia. Es cierto que no hubo violencia, pero no porque los miembros de la escolta del presidente del gobierno la evitasen, sino porque el senador socialista no quiso que la cosa llegase a más.

En ningún momento el senador mostró ningún comportamiento violento ni representó ninguna amenaza para el presidente del gobierno. Su único propósito era hacerle llegar el casco de un minero de Asturias. La imagen sería comprometedora y no beneficiaría al gobierno, así que la escolta de Mariano Rajoy decidió intervenir e impedir por la fuerza que se acercase al presidente.

Esta acción es propia de las guardias pretorianas de los dictadores. Además, el hecho de que funcionarios armados se encuentren dentro de las sedes parlamentarias es ilegal y vulneran el artículo 73.2 de la Constitución Española y el artículo 38 del Reglamento del Senado. Implica también una vulneración de la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos.

Me pregunto qué hubiese pasado si los escoltas que protegen a cargos electos socialistas hubiesen salido en defensa del senador que en ese momento estaba siendo agredido. ¿Hubiésemos asistido a una pelea entre escoltas de políticos de distinto signo? ¿Hubiesen llegado a los tiros?

Resulta nauseabundo contemplar como un policía actúa al servicio de un gobierno y no de la ley y el Estado de Derecho. Resulta más repugnante aún contemplar como la acción de retorcer el brazo a un senador elegido democráticamente sucede en sede Parlamentaria y frente a miembros del gobierno que ríen el atentado constitucional que están presenciando.

José Miguel Camacho, secretario general del grupo socialista en el senado recordaba que “no hay precedentes” de que un policía entre en el hemiciclo, excepción del 23F, y elevará una queja a la Cámara. No servirá de nada. Rajoy y los suyos seguirán utilizando en su propio provecho las instituciones del estado; incluso haciendo que la policía intimide, agreda e impida ejercer sus funciones a un parlamentario elegido democráticamente.

Y es que en España, la democracia, como la justicia y la economía ha muerto. 

¿Es Laura Gómez una cabeza de turco?

Todo apunta a que los sectores más conservadores del Estado quieren utilizar a Laura Gómez para acobardar a los cuadros medios de los sindicatos y las organizaciones sociales que salen a manifestarse contra las políticas de la derecha.

Tras pasar casi un mes en prisión, al fin los jueves han accedido a dejarla en libertad con fianza de 6.000€. No obstante, se la acusa de un delito que puede encarcelarla durante 36 años, tal y como informaba la CGT en su página web.

Lo único que hizo Laura fue participar en una performance frente a la Bolsa de Barcelona en la que se quemaron simbólicamente unas cajas de cartón. Quema que se realizó controladamente para que nada ni nadie corriese riesgo.

Es curioso cómo se aplica nuestro Estado de Derecho, hay quienes pueden exhibir la bandera preconstitucional y quemar mobiliario público tras un partido de futbol, y a un sindicalista, por mostrar su inconformidad por las políticas que se están llevando a cabo lo quieren encerrar durante 36 años de su vida.

Respeto a los jueces, pero no comparto su actitud ni los comprendo. Y somos muchos, demasiados, los que pensamos igual de la justicia en España.

El Gobierno Perdona a los Defraudadores

El gobierno presidido por Mariano Rajoy, no contento con acabar con el estado social, quiere también liquidar el estado de derecho. ¿Somos todos los españoles iguales ante la ley? No. El empresario o profesional adinerado e insolidario que tiene la costumbre de defraudar a hacienda es más que usted y que yo; más incluso que aquel que en su misma situación paga con puntualidad sus impuestos.

Defraudar a hacienda es un delito, pero los delincuentes de guante blanco nunca van a la cárcel en la España de Rajoy. A ellos se les perdonan los impuestos, los intereses, y la comisión misma del delito.

El gobierno de Rajoy, en vez de luchar contra el fraude, se dedica a perdonar los impuestos a los más ricos y aprueba una amnistía fiscal que permitirá tributar por las rentas no declaradas un 10%, cantidad sensiblemente menor a la que debería haber pagado en su momento.

Cada día está más claro que este gobierno ha olvidado el interés general y solo legisla para la plutocracia reinante. No contentos con aprobar una subida de impuestos que perjudica a las clases medias e imponer una reforma laboral que sitúa nuestro mercado del trabajo en condiciones similares a la de países como China o Taiwán, ahora pretenden perdonar a quienes estafaron a hacienda sus responsabilidades civiles y penales. 

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo

En la entrevista que concedió a la Agencia Efe, Rajoy aseguró  que no le gustaba nada tomar la decisión de subir los impuestos. Solo faltaría que encima le dé gustillo al hombre. ¿Alguien se imagina a un Presidente de Gobierno reconociendo que le gusta subir los impuestos? ¿Qué siente un especial y casi erótico placer en aumentar la presión fiscal?

Esta medida, por impopular y dañina a las clases medias, no gusta a nadie. Lo que el PP intenta ocultar es que la subida de impuestos era inevitable y estaba en su agenda política, a pesar de haber afirmado lo contrario durante la campaña electoral.

Quiere el PP y la derecha mediática hacer responsable al anterior gobierno culpando al déficit público de la decisión. Pero este déficit se ha generado, sobre todo, en las Comunidades Autónomas, y muy especialmente en Comunidades como Valencia, gobernada por el PP desde 1995, y donde la megalomanía y el derroche se ha convertido en práctica habitual de la política.

Cabría algo de credibilidad al PP si hubiese logrado arrancar de sus propios barones autonómicos, la revisión a priori de sus presupuestos. Sin embargo, y aunque esta fiscalización preventiva era el objetivo del gobierno, todo se ha quedado en una declaración de intenciones que llevará aparejada sanciones económicas a quienes no hagan sus deberes.  Un sistema parecido al que tiene la Unión Europea y que, como se está demostrando, es claramente insuficiente. 

La doble vara de los recortes

Mientras a todos nos suben los impuestos,  recortan las prestaciones y los servicios públicos se deterioran, el Gobierno del PP ha decidido conservar la asignación mensual de 13 millones de euros que recibe la Iglesia Católica Apostólica  y Romana. Será porque de la que nos está cayendo solo nos libra un milagro y conviene estar a bien con el altísimo, es decir, con Rouco Varela que es quien más pita entre los que tienen pito.

Los recursos económicos de la Iglesia son suficientes, no ya para sostenimiento, sino que iría sobrada para  acabar con la actual crisis, por no recordar que su riqueza podría acabar con toda la pobreza del planeta DOS VECES. Pero inescrutables son los caminos del Señor, y éste, al parecer, quiere que sus hijos pasen hambre, paguen impuestos y sufran un horizonte sin esperanza. Todos no – faltaría más – los encargados de velar por la Santa Moral y predicar su Palabra siguen con la excepción del IBI y con la asignación mensual que el Estado hurta de nuestros bolsillos.

Y el mensaje de salvación de la Iglesia dice, en palabras del Papa: en los 70, la pedofilia se comprendía como algo completamente en conformidad con los hombres e incluso con los niños.

La cara de vergüenza se les tendría que caer a muchos, si es que la tienen (la vergüenza claro, porque cara les sobra), adoptando actitudes complacientes hacia quienes con una mano quitan a quien no tiene y se lo entrega con la otra a quien le sobra.