Actitudes desafortunadas.

La alcaldesa de Fuengirola, una tal Esperanza Oña, busca protagonismo de la única forma que puede, buscando la polémica y procurando que nadie olvide su nombre. Quiere ser la <<nueva Esperanza Aguirre>>, para lo cual le faltan muchas cosas, empezando por un título nobiliario. Pero no desfallece e intenta una y otra vez ser <<más papista que el Papa>>, luciendo conjuntito y desbocando la palabra. Su último invento: señalar el aniversario de la II República como <<el día del perro>>.  

Esta señora merece un buen tirón de orejas. Es una pena que en el PP ya no quede nadie con la autoridad de poner a la gente en su sitio. Esta ofensa a millones de españoles que se sienten agraviados es innecesaria, absurda, obscena, impropia y sobre todo, inoportuna. No está el horno para bollos.  

Las cosas en España van mal. Y lo peor es que nada invita al optimismo. En este contexto, cuando nos está lloviendo como lo hace, y se pretende que España, junto al resto de países del mediterráneo se convierta en un granero humano para Alemania, es momento de estar unidos y no de generar división. Pero esto algunos no lo entienden. Algunos sólo ven hasta la punta de su nariz, nunca más allá.  

No voy a insistir más en la cuestión. Hay cosas más importantes que andar metiendo el dedo en el ojo a quienes no piensan como tú. Y como al fin de cuentas, supongo que tampoco se quiere discriminar sexualmente a los animales, y el próximo 14 de abril será no sólo el día del perro; también lo será de la perra.  

¿Travesía por el desierto o exilio permanente?

El problema que subyace en el Partido Socialista Obrero Español es que aún no han comprendido la extrema gravedad de la situación en la que se encuentran. No están sólo hasta un castigo electoral y una prolongada travesía por el desierto; están sumidos en un exilio social. No comprenden lo que la sociedad les ha dicho: ¡que se larguen! ¡Todos! ¡No os queremos!

La razón es muy simple: quienes nos han conducido a esta crisis no están legitimados para sacarnos de ella. No basta con hacer examen de conciencia, propósito de enmienda y reivindicar el derecho a rectificar: hay que pulgar las culpas. La gente quiere ver que los culpables abandonan los privilegios asociados a su cargo político y se marchan a su casa para no volver.

Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Ahora toca expiar sus culpas. No en la oposición, como pretenden hacer ellos, sino en su casa, en sus puñeteras casas y para no volver, porque no tenemos ganas de volver a contemplarles la geta. Porque a la sociedad española, cada vez que les ve la geta, lo único que les entra es unas ganas locas de rompérselas de un guantazo.

 

Rajoy y sus cosas

El Presidente del Gobierno, en el transcurso de unas jornadas económicas organizadas por el prestigioso The Economist, hizo una defensa cerrada del bipartidismo y aseguró que en España no había <<partidos estrafalarios>> y de <<derivas pocos deseables>>. Quiero pensar que, el señor Rajoy, aún estaba cansado por las cumbres europeas y que habló para, entre otras cosas, tranquilizar a los inversores que allí estaban y dar una imagen de gobernabilidad en el exterior. Lo digo porque, si cree realmente que España va a continuar aceptando un bipartidismo a lo Cánovas y Sagasta, la lleva cruda. E igual podríamos decir del Psoe, encantado también con este discurso de cerrazón bipartidista.

Se argumenta la estabilidad que supone la existencia de dos grandes partidos turnándose en el poder, y sobre todo, concentrando grandes cuotas de poder territorial en Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Como ejemplo paradigmático, se pone el caso del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, se olvidan de explicar algunas diferencias sustanciales. En el Reino Unido, los partidos nacieron desde el Parlamento; fue un proceso de creación, digamos que interno. Fueron los parlamentarios quienes se agruparon en dos grandes fuerzas, que por cierto, no eran los dos grandes partidos de hoy. Conservadores y Liberales se turnaron en el poder hasta la aparición del Laborismo, que relegó, pero no excluyo a los Liberales, quienes ya convertidos en Liberal – Demócratas han roto con el bipartidismo tradicional y forman coalición con los toris. Además, a nivel local y en Irlanda y Escocia, la pluralidad es máxima. Para colmo, los parlamentarios – y esta la cuestión de fondo – no tienen disciplina de voto, y en más de una ocasión no dudan en cuestionar abiertamente las decisiones del gobierno aunque sea de su propio signo político.

En Estados Unidos ocurre prácticamente lo mismo. Es verdad que Republicanos y Demócratas se turnan en el poder. Pero el concepto de partido en Estados Unidos es más parecido al que tenemos en Europa de una plataforma electoral. Además, en los estados, juegan un papel muy importante los independientes, en Florida por ejemplo, Charlie Crist, antiguo gobernador republicano se presentó como independiente al senado. Es algo habitual que esto ocurra, incluso que algunos políticos se lleguen a presentar por los dos partidos. Además, no es cierto que los partidos americanos concurran solos, en realidad, cada uno es apoyado por una pléyade de pequeñas formaciones y grupos de presión internos. Por ejemplo, sólo en los republicanos encontramos entre las principales organizaciones la Log Cabin Republicans, Liga de los Gays y Lesbianas Republicanas; Republican Main Street Partnership, Alianza Republicana de la Calle Main; Republican Leadership Council o Consejo de Liderazgo Republicano, que junto a la anterior forman el núcleo moderado del partido; la National Federation of Republican Assemblies, Federación Nacional de Asambleas Republicanas, que son los Teoconservadores; etc. Todas estas organizaciones (y otras muchas) tiene  una existencia propia al margen del Partido Republicano, y presentan sus propios candidatos a las primarias o pactan entre varios la presentación de un candidato conjunto. En cualquier caso, como ocurre en el Reino Unido, los senadores y los congresistas no están sujetos a ninguna disciplina de partido, y responden sólo ante quien los eligió.

En Francia, el sistema es mayoritario y está concebido para el bipartidismo, pero al contrario de lo que ocurre en España, los dos grandes partidos son proclives a integrar en sus candidaturas y sus gobiernos a los partidos más pequeños, configurándose más que dos partidos, dos bloques, el eje izquierdo y el eje derecho, ambos muy plurales. De hecho, Hollande ha integrado a los verdes en su ejecutivo. Además, en las elecciones regionales y municipales, el vencedor obtiene la mayoría absoluta, pero el resto se reparte proporcionalmente entre el resto de las fuerzas políticas. Así garantizan la representación de todas las tendencias. Para presentarse a segunda vuelta es necesario obtener el 5% de los votos en la primera ronda, pero la ley admite que varios partidos se coaliguen para sumar este tanto por ciento.

Además, tanto en Francia como en Estados Unidos, la elección del ejecutivo es presidencial, separando así el aparato legislativo y ejecutivo, dando lugar, en muchas ocasiones a la llamada cohabitación, es decir, cuando el ejecutivo tiene que gobernar con un parlamento del bloque político contrario.

Como ejemplo del desastre multipartidista se pone, con mucha frecuencia, el caso de Italia. Pero en realidad, el problema surgió en la alianza de unidad nacional contra el Partido Comunista, el cual después se terminó hundiendo solo (bueno, con alguna ayudita), la elevada corrupción y el largo brazo de la mafia.

Otros países, como Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, la propia Alemania o Israel, con el Parlamento más plural que conozco, acabaron hace mucho con el bipartidismo. España debe hacerlo. Está en manos de los dos grandes abrir el campo, tanto en el Congreso como en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, es integrar a nuevos partidos con los que poder formar gobiernos de coalición. Y deben hacerlo a la vez que logran regenerar sus propios partidos. De lo contrario, nos dirigiremos, entonces sí, a la italianización de nuestra política. Riesgo que existe si no se ataja con firmeza la corrupción y los dos grandes partidos se hunden electoralmente.

Nunca es buena idea estar contra los tiempos. Tanto el PP y el Psoe deben darse cuenta que las cosas ya nunca serán como antes. El tiempo de los rodillos democráticos ha pasado. La gente clama en la calle soluciones a la crisis económica, a los problemas sociales que esta ha creado y a la regeneración democrática. Una regeneración que pasa, sin lugar a dudas, porque las instituciones dejen de ser  una multipropiedad del PP y del Psoe.

 

De la Reforma Local

Es imprescindible. Nadie lo puede poner en duda. La situación de los entes locales en España es vergonzosa. Por un lado, carecen de una financiación adecuada; por otro, son territorio proclive al abuso de poder, la simonía y el clientelismo. Todos sabemos de casos en los que un alcalde y los concejales de su grupo cobran cantidades obscenas, y se rodean de infinidad de asesores, puestos de libre designación, choferes y secretarias. Hay poblaciones de apenas 200.000 habitantes que disponen de gabinetes de prensa (escogidos a dedo) más numerosos que el de Presidencia del Gobierno.  Poner coto a estos abusos, limitando el número de liberados, asesores y puestos de libre designación, regulando sus salarios y evitando las puertas de atrás (proliferación de entes y empresas públicas, y asociaciones subvencionadas por los ayuntamientos), debería ser una prioridad de todos.

El problema surge cuando, a raíz de estos cambios necesarios (una imposición de la realidad, la sociedad y tomada a instancias de la UE, que nos dio varios toques informales al respecto), se intentan colar cuestiones que no son tan pulcras en sus intenciones. Con la Reforma Local que busca el PP, se pretende, entre otras cosas, blindar el bipartidismo.

Es en la administración local donde más fácil tienen lograr representación las fuerzas más pequeñas. Limitando las competencias se pretende que tengan una capacidad de gestión mínima, impidiendo que los ciudadanos puedan contrastar distintos modelos de gestión política. Además, con la limitación en el número de concejales liberados (mucho más drástica que en asesores y demás chufla enchufada), se busca restar recursos humanos y políticos a los grupos más pequeños. A día de hoy, un concejal portavoz en un ayuntamiento es todo el personal con dedicación exclusiva que cuentan formaciones como IU o UPyD en toda una provincia. Restando esta liberación, se pretende limitar la capacidad de acción de estos partidos.

Además, la redefinición del mapa municipal, llevaría a la integración de muchos pequeños municipios en otros más grandes. Como consecuencia, poblaciones de apenas quinientos o seiscientos habitantes pasaran a depender de un municipio cuyo núcleo de población principal es de cinco o diez mil habitantes. Consecuencia: las pequeñas poblaciones perderán cualquier capacidad de decisión sobre su propio destino, quedando en manos de los intereses económicos, a menudo especulativos, de poblaciones más grandes. En pocos años, asistiremos a una depredación del territorio rural. La población nativa de aldeas rurales se verá desplazada por los intereses económicos de grandes grupos económicos con intereses turísticos e inmobiliarios. Con la actual propuesta de Reforma de la Ley Local, certificaremos el final del mundo rural y se apuntalará el bipartidismo, el cual parece ser el objetivo último del PP en esta legislatura.

En realidad, lo que hace grandes o pequeños a los partidos no es tanto el número de diputados en el Congreso como su poder territorial y su presencia en todas las administraciones. Es de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales desde donde llega mayor financiación a los partidos políticos mayoritarios. Es también, la base de su poder territorial. Está más que comprobado que allí donde se rompe el bipartidismo a nivel local se hunde también a nivel autonómico. Eso es justo lo que quieren impedir con esta reforma. Pretenden vaciar de competencias los ayuntamientos con el objetivo de ponérselo más difícil a los partidos pequeños. 

Algunas cosas que nadie dice sobre las corridas de toros

La negación del diputado Cantó de los derechos de los animales a generado una oleada de críticas; tantas como de entusiastas adhesiones, muchas de ellas basándose en los argumentos archiconocidos de Savater y Vargas Llosa. Ambos taurófilos, defienden sus posiciones desde la retórica aseverativa desde el contractualismo y el racionalismo. Olvidan que, por más que a ellos les disguste, ninguna de sus posiciones filosóficas deja de estar sujetas a la crítica. Incluso la negación de Kant del noúmeno es magistralmente refutada por uno de sus discípulos: Schopenhauer. Pero no nos adentremos en la disquisición filosófica, pues esta lleva en riña desde hace tres mil años y nada apunta que vaya a lograrse ningún avance. La realidad es que los filósofos morales  discrepan profundamente del estatus ético de los animales no humanos, pero ninguno, o muy pocos, sostienen que no tengamos ninguna obligación de respeto mínimo (1). Es decir, aunque no se ponen de acuerdo en la existencia o no de los derechos de los animales (lo cual no es sorprendente, pues hay también desacuerdo en relación a la misma cuestión sobre los Derechos Humanos), existe amplio consenso en considerar reprobable el maltrato animal. En este sentido, en 1999 EE.UU. aprobó leyes que prohíben la creación, venta o posesión de de material gráfico que muestre crueldad hacia los animales (2). Esta legislación está en la línea de la inmensa mayoría de los países más desarrollados, que prohíben cualquier forma de crueldad innecesaria hacia los animales, su reproducción gráfica y la obtención de beneficios económicos con el maltrato a los animales.

Sin embargo, en España, se sigue amparando legalmente la tortura – y su exhibición con fines de lucro – de los toros. Se justifican, básicamente en retorcidas interpretaciones filosóficas y en premisas falsas o intencionadamente parciales. Por ejemplo, se dice que se trata de la “fiesta nacional”, defendiendo que las corridas de toros forman parte de la identidad de España. Esto no es cierto en modo alguno. Corridas de toros se celebran hasta en China, y en muchos países como Ecuador o Venezuela, la pasión por la tauromaquia es mucho mayor que aquí, donde la sociedad (en más de un 70%, según las encuestas) le dan la espalda mostrándose contraria o indiferente ante el linchamiento de un animal en la plaza.

Se pretende, de manera soez y malintencionada, hacer ver que las corridas de toros son “typical hispanish”. Lo cierto es que los espectáculos taurinos tienen su origen en la cultura grecorromana, y nacieron al otro lado del mediterráneo. Durante la Edad Media fueron festejos muy populares en toda Europa, solo que la Ilustración fue logrando poner coto a estos espectáculos crueles. De hecho, existían múltiples formas de lucha taurina, algunas incluso empleaban a otros animales, como los bull-baitings inglesas, prohibidas a partir de 1824. La Iglesia, en múltiples ocasiones intentó poner freno a estos espectáculos brutales que, desde su perspectiva, significaba también la continuación de ritos paganos que detestaban. Así, en Pío V prohibió estos espectáculos bajo pena de excomunión en Salute Gregis (1567). La actual posición de la Iglesia Católica es la de considerar las corridas de toros como espectáculos “poco edificantes”.

Reyes como Felipe V y Felipe VI lucharon por erradicar esta costumbre, prohibiendo el uso de caballos en las corridas y prohibiendo el lucro en las mismas. Algo que ya había hecho, en sus tiempos, Alfonso X, el Sabio. Jovellanos, el gran ilustrado español, fue uno de los más fieros detractores de las corridas de toros, a las que consideraba espectáculos poco didácticos. Más 

tarde,  Carlos III, siguiendo los consejos del Conde de Aranda, prohibió definitivamente esta práctica. Fue con la llegada de Bonaparte, en un intento de ganarse al pueblo, que se levanta la prohibición. La restauración posterior del brutal Fernando VII será determinante para su retorno. Este rey, el mismo que reinstauró la Inquisición, financió y potenció estos espectáculos taurinos, redefiniéndolos para el culto y la idolatría a su propia persona.

En la actualidad, la sociedad española ha dado la espalada a unos espectáculos que considera salvajes, propios de épocas de barbarie, residuos de un pasado en blanco y negro al que nadie desea volver. La defensa de las corridas de toros, cuya continuidad se ha debido sólo a la debilidad de la Ilustración Española, nos aleja de Europa y del mundo, anclándonos en un pasado de violencia y falta absoluta de respeto hacia la naturaleza y a nuestra propia dignidad humana, pues el hombre se define en cómo trata a quienes son más débiles que él.

 (1)    De toros y argumentos. Artículo publicado en el País el 10 de agosto de 2010. Firmantes: Pablo de Lora, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid; José Luis Martí, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Félix Ovejero, profesor titular de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona.

(2)    Idem. 

De las muchas caras del fascismo

Fascismo es un término que proviene de fascio, haz. La doctrina de Mussolini era simple: <<nuestra política es hacer>>. En última instancia, es la expresión de la intolerancia que cree que el fin justifica los medios. En este sentido, las caras del fascismo son muchas, y no todas visten de azul ni le alinean con la derecha más recalcitrante. De hecho, han sido los movimientos populares de corte asambleario e izquierdista los más proclives a sucumbir al populismo, término más políticamente correcto para denominar lo que no es sino una política intolerante de hechos consumado. Basta con analizar el espectro sociológico de los votantes actuales de los partidos ultranacionalistas en Europa para comprender esta derivaba ideológica. Aunque no todos los partidos europeos ultranacionalistas, es justo reconocerlo, comulgan con estas maneras de hacer política. Pues el fascismo, más que una ideología en sí mismo, es un método de hacer política desde la intolerancia y la imposición.

En España, la última semana, hemos asistido a un ejemplo vergonzoso de esta manera despreciable de hacer las cosas. La joven Beatriz Talegón se ha visto acosada en lo personal, e incluso estado en peligro por decir aquello que pensaba. Nada más pronunciar su discurso, los miserables de siempre – porque no merecen otro calificativo – se movilizaban para insultarla y desacreditarla ante la opinión pública. Lo menos que ha tenido que soportar es que la acusen de hipócrita. Creo que estas acusaciones son falsas, gratuitas y motivadas por la miseria moral de quien le da pábulo. Pero si fuera cierto ¿restaría valor a su discurso? En absoluto. Sus palabras serían firmadas por millones de hombres y mujeres de todo el mundo. Porque hipócrita o no, ha dicho verdades como puños. Su discurso es el discurso que yo mismo hubiese espetado a la cara de los líderes socialistas si hubiese tenido la oportunidad. Por eso estoy infinitamente agradecido a Talegón, ha dado voz a quienes casi nunca la tenemos, porque nos silencian o excluyen intencionadamente de los debates políticos.

Pero lo más vergonzoso llegó durante las manifestaciones contra los desahucios. Allí, un grupo de engendros fascistas, intolerantes, agresivos y violentos, se dedicó a insultarla y amedrentarla. Pretenden con estos actos hacerse los “dueños de la calle”. Argumentan ser ellos los únicos “puros” y  su ideología la “única verdadera”. Actúan como hordas de salvajes, amedrentando, adueñándose de aquello que no les pertenece. Pues bien, la calle es de todos, y no podemos consentir que unos miserables violentos obliguen a nadie a abandonar una manifestación en la que desea estar. De igual modo, también debemos ser inflexibles ante los miserables que atacan a las personas, difamándolas e insultándolas, en vez de debatir las ideas con argumentos. Para empezar, debemos llamar a cada cosa por su nombre, y a estos intolerantes que difaman y amedrentan como se merece: miserables fascistas. 

Por qué debe dimitir Ana Mato

En un momento como el actual, cuando el ciudadano ha perdido la confianza en los partidos políticos, quienes constituyen estas formaciones deben dar pasos inequívocos hacia la regeneración política y civil. No es tanto una cuestión de probar los hechos como de responder a la demanda de una sociedad que está cansada del mismo menú. La culpabilidad o no de la Ministra y sus responsabilidades en la trama Gürtel es algo que compete en exclusiva a los jueces. Así es y debe ser en un Estado de Derecho. Los juicios paralelos no son de mi gusto, e intento siempre mantenerme ajeno a las maniobras que buscan pulsar resortes emocionales para enturbiar la política y sacar provecho.

No obstante, la situación que se ha creado en España, no responde únicamente a la existencia de juicios mediáticos. Haberlos, haylos. Sería injusto e hipócrita malintencionado no denunciarlos. Pero qué duda cabe que, también, existe un desafecto social hacia la política que no se basa sólo en denuncias, brunetes mediáticas, sospechas e infamias. Existe una clara y rotunda exigencia a los políticos de una democracia más participativa. O dicho de otra manera: que se gobierno teniendo en cuenta la opinión de la sociedad en cada momento.

Por supuesto, la opinión de la sociedad puede ser muy voluble; y gobernar pensando sólo en las encuestas de opinión un grave error que pondría en peligro nuestro futuro. Para eso está la capacidad pedagógica de los políticos y los medios de comunicación. Y sobre todo, la sensibilidad y el sentido común suficiente para discernir lo que puede ser una moda transitoria de una tendencia social inequívoca. Como ejemplo, podemos poner el veto a la ILP que pide la dación en pago y la admisión de una ILP – con menos apoyo – a favor de la tauromaquia. La primera responde a una exigencia en auge de la sociedad, que quiere cambios profundos en la Ley Hipotecaria. La segunda, a la defensa numantina de una costumbre cruel a la que la sociedad da la espalda, como se pone de manifiesto en el descenso de corridas de toros y de espectadores de este tipo de eventos.

Igual ocurre con la Ley Electoral, que la sociedad lleva exigiendo que sea modificada dos décadas, pero que los partidos mayoritarios se han negado a discutir. O con los indultos, que precisa de una regulación para que no quede al arbitrio de los gobiernos; con la necesidad de transparencia de los perceptores de fondos públicos; y la democratización interna de los partidos.

Ante tantas y tantas pruebas de abuso de poder por parte de las élites de los partidos, que han desoído en demasiadas ocasiones a la sociedad, se deben acometer acciones que renueven la confianza de los ciudadanos. Esto implica un cambio profundo de actitud, y también guiños que trasmitan esa voluntad de cambio que todos exigimos. Ana Mato, dimitiendo, haría el mejor servicio a España. Demostraría que sí se puede, y sobre todo, que los partidos políticos están dispuestos a cambiar para renovar el pacto de representación con los ciudadanos. Un consenso tácito que, si se rompe, enrarecerá aún más la vida pública en nuestro país.

Los dos partidos más grandes de Europa eran el Partido Comunista italiano y la Democracia Cristiana de Italia. Se hundieron, y dieron lugar a una pléyade de partidos que defienden intereses muy particulares. Es el llamado “proceso de italianización” que ya vive Grecia y que puede terminar implicando a España. Si el PP y el Psoe no son capaces de reconocer sus errores, remodelar sus élites, gobernar y legislar con un ojo en el futuro y otro en la sociedad,  no se reconcilian con la clase media (cada vez más cabreada y asqueada de cuanto ocurre en el país), y no dejan espacio para que terceras fuerzas políticas condicionen de manera responsable las mayorías absolutas, se hundirán. Lo peor es que en ese naufragio arrastrarán al sistema mismo de partidos, que se fragmentará en decenas de formaciones  pequeñas, fácilmente manipulables por unos pocos, y que convertirán el Parlamento en un mercadillo de intereses.

Las encuestan aseguran que, de celebrarse hoy los comicios, el PP obtendría un 35% de votos y el Psoe un 30%. Incluso con la injusta ley electoral vigente, los juegos de alianzas y coaliciones para gobernar serían un verdadero sudoku, un cubo de Rubick difícil de componer. Algo que no es bueno para el país, pues tan terrible es este bipartidismo asfixiante como una excesiva fragmentación del voto.

Ana Mato puede ayudar a involucionar este proceso siniestro con su dimisión. Demostraría que el PP está dispuesto a escuchar a la sociedad en su clamor (3 de cada 4 españoles quieren que dimita o la cesen). Daría también la oportunidad a Rajoy de remodelar su gobierno y virar en sus políticas, inaugurando un nuevo escenario político que garantice el crecimiento económico y la recuperación de la confianza de los ciudadanos. 

¿Cómo es la ley hipotecaria en Europa?

Leyes hipotecarias europeas:

Grecia: Existe una moratoria que impide a los bancos echar de las viviendas a los inquilinos si esta es su residencia habitual.

Alemania: El banco cancela el préstamo y exige la totalidad de la deuda. El propietario dispone de seis meses para refinanciar con otra entidad o vender la vivienda antes de que sea embargada.

Reino Unido: El proceso de desahucio es uno de los más complejos de su ordenamiento, plagado de trámites y posibles recursos que dilatan al máximo los plazos para su ejecución. Si finalmente el banco se queda con el inmueble, es el precio de venta y no el de adjudicación el que termina por cubrir el préstamo. Si no fuese suficiente para cubrir la deuda, el banco puede reclamársela al deudor, pero esto puede declarar la bancarrota (igual que una empresa) y eludir así el pago.

Irlanda: En Irlanda, los impagos se abordan a través del denominado Proceso de Resolución de Deuda Hipotecaria, que en muchas ocasiones termina con la reestructuración de la deuda o en la dación de la vivienda para evitar un largo proceso judicial del que las entidades bancarias huyen como gato escaldado.

Holanda: Son muy habituales los procesos de reestructuración de deuda. No son nada infrecuentes los casos en los que la deuda y la propiedad se transfieren a un tercero que cobra al inquilino un alquiler. Hay incluso empresas dedicadas a esto. Los bancos colaboran mucho en la búsqueda de alternativas, pues está muy mal considerada socialmente la ejecución de una deuda de manera no amistosa. Tanto que el daño a la imagen de las entidades no compensa. En cualquier caso, si no queda más remedio que ejecutar, es el propietario quien vende la vivienda y queda así zanjada la deuda. Pero esto ocurre muy pocas veces.

Noruega: Si el propietario no puede hacerse cargo de la vivienda, está obligado a ponerla en venta. Durante el tiempo de venta puede residir en ella. La vivienda nunca es subastada ni se la puede adjudicar el banco. Esto obliga a las entidades a que condonen parte de la deuda para abaratar el precio del inmueble (pues el propietario no está obligado a venderla por menos de la deuda, a fin de que la venta resuelva el préstamo), comprarla al precio estipulado, o esperar.

Italia: Existe una moratoria para todos los desahucios de familias con ingresos iguales o inferiores a 27.000€.

Francia: Existe una comisión denominada de Sobreendeudamiento. Esta depende del Banco Central y arbitra cuando no hay acuerdo entre la entidad y el propietario a fin de reestructurar la deuda y autorizar moratorias. Si aún así, no fuese posible hacer frente a la hipoteca, queda el llamado <<restablecimiento>>, que consiste en vender los bienes propiedad del deudor para cancelar la deuda. Si aun así, la deuda no fuese cubierta enteramente, el restante se condona.

Aprobada la tramitación de la ILP que pide la dación en pago y una moratoria en los desahucios, existen elementos en el Derecho Comparado suficientes para impulsar una reforma profunda, que acerque nuestra legislación a la del resto de los países de nuestro entorno y ponga punto y final al drama social que vive nuestro país. ¿Estará el PP a la altura de las circunstancias? 

Si, se puede

Si, se puede.

Queremos felicitar a la sociedad española por su ejemplar actuación en la lucha contra los desahucios. En especial, a las plataformas de Stop Desahucios, que han llevado todo el peso de la lucha durante años de trabajo. Casi un millón y medio de firmas, y la indignación de la ciudadanía, han obligado al Partido Popular ha recapacitar y permitir la admisión a trámite de la ILP presentada por este colectivo. Aún no se ha logrado nada, los cambios legislativos tardarán, pero esta batalla se ha ganado. Demostrando, una vez más, que sí, que se puede. Cuando la sociedad se moviliza por aquello que es justo, si es capaz de mantener la tensión y el esfuerzo el tiempo suficiente, al final, vence en el pulso a quienes pretenden poner doblegarla. Queda trabajo por hacer, pero hoy, estoy contento y orgulloso. Enhorabuena a todos. 

La trampa de las listas abiertas

Últimamente, hay quien cacarea sobre las listas abiertas, las cuales parecen la purga Benito. Sin embargo, el modelo tal y como lo proponen es aún por que el actual, y sólo crea una falsa ilusión transitoria de control ciudadano sobre los políticos.

Con las listas abiertas, los partidos minoritarios quedarían excluidos del parlamento. Es así de sencillo. La concentración de votos en las listas mayoritarias haría que los pequeños siquiera pudiesen optar a un solo representante. Recordemos los resultados de circunscripciones tan importantes como la de Madrid en las elecciones del 20 de noviembre de 2011.

PP	1.719.709 votos.	50,97%	19 diputados.
PSOE	878.724  votos.	26,05%	10 diputados.
UPyD	347.354  votos.	10,3%	4 diputados.
IU	271.209  votos.	8,04%	3 diputados.

Si tomamos como hipótesis que el 80% de los electores de un partido darían todos sus votos a los candidatos de ese partido. Cada uno de los candidatos del PP obtendría alrededor de 1.375.000 votos. Es decir, coparía todos los diputados elegidos en esa circunscripción. Incluso suponiendo que el 50% de los votos se repartiese, el menor de los votados en la candidatura del PP sería de algo más de 850.000 votos. Sólo los candidatos más aventajados del Psoe alcanzarían algún escaño. Nos encontraríamos, con este sistema de listas abiertas puras, en una situación similar a la del Senado, con una representación de senadores electos de 136 PP, 48 Psoe, 9 CIU, 7 PSC-IC-EU, 4 PNV, 3 Amiur, 1 Coalición Canaria, 0 UPyD, 0 IU.

Cabría plantear la elección de un modelo mixto, y una vez los diputados se asignen por el método D´Hondt, los candidatos se ordenen según los votos obtenidos dentro de la propia lista. Es decir, si al PP le corresponden 19 diputados, estos se elijan entre las 19 preferencias más votadas dentro de la propia lista. Pero el resultado sería casi invariable al modelo actual. Pero analicemos un momento los resultados anteriores. Si son 36 los diputados a elegir. A IU, con un 8% le correspondería 2,8, redondeando: 3 diputados; justo los que ha obtenido. A UPyD, con un 10%, un 3,6, redondeando: 4 diputados, justo los que ha obtenido. Al Psoe, el 26% de los 36 diputados a elegir, es decir: 9, 3, redondeado a 10. Y al PP, con la mitad de los votos, le corresponde el 50% de diputados, es decir: 18, más uno extra por los restos. Se parecía, por tanto, que el sistema sí es proporcional en este caso. ¿Dónde está el problema? En las circunscripciones pequeñas, aquellas que eligen nueve o menos diputados, con una media de seis. Este escaso número hace que sea prácticamente imposible en más de 42 circunscripciones lograr un escaño para los terceros partidos.

La consecuencia es evidente: IU con un 6,92% en el conjunto del Estado, sólo logra 11 diputados, 6 menos que CIU con sólo un 4,17% de los votos. UPyD, con un 4,69% de los votos, es decir, cuatro veces los votos obtenidos por Amaiur, logra sólo 5 diputados, la formación vasca, con poco más de 1% de los votos 7, y CIU, con un resultado electoral inferior al de UPyD e IU, 16. Nos encontramos pues, no tanto ante un problema de proporcionalidad matemática sino a un sesgo territorial que ha creado feudos y tapones. Feudos que sobredimensionan la representatividad real de algunas formaciones políticas, y tapones que impiden desbordar el bipartidismo pues garantizan siempre las mayorías absolutas y con ellas, los rodillos democráticos y la falta de diálogo y consensos entre los grupos.

Un cambio hacia listas abiertas, con o sin modificar el mapa electoral, sólo conduciría a una mayor concentración de poder en los partidos mayoritarios. Y a la práctica exclusión de los grupos pequeños y los independientes. El debate real, el que interesa realmente a los ciudadanos, es el debate de las circunscripciones y la proporcionalidad. Una combinación que aporta el modelo Proporcional Personalizado, que es el usado en una de sus variantes por Alemania y Nueva Zelanda.